La polémica por las papeleras


JUEVES 13 de Octubre de 2005


Publicado en Diario La Nación
http://www.lanacion.com.ar/opinion/nota.asp?nota_id=746666


Lejos de una reflexión seria, continúa la discusión sobre la probable instalación de dos fábricas de pasta de celulosa sobre la margen oriental del río Uruguay, en las cercanías de Fray Bentos.

El reciente fin de semana largo, miles de turistas fueron sorprendidos por el corte de la ruta 136, de acceso al puente internacional General San Martín, en rechazo de la instalación de las fábricas de pasta de celulosa, consideradas contaminantes. El corte de la carretera derivó en una cola de varios kilómetros de automóviles y ocasionó severos trastornos.

Lejos del río, durante un acto de campaña que encabezó en la villa Rivadavia, del Bajo Flores, el canciller y primer candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria porteño, Rafael Bielsa, reivindicó el corte de rut! a ! al manifestar: "Me parece ejemplar el modo de protesta de Gualeguaychú, el modo no contemplativo y no condescendiente de ejercer sus derechos de una manera edificante y comprometida".

Por su lado, el gobierno uruguayo no se cansa de transmitir que las protestas expuestas por el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, y por el canciller Bielsa, responden a motivaciones de la campaña electoral y no a una preocupación sincera por el impacto ambiental de las plantas.

Mientras tanto, el ministro de Ganadería, Pesca y Agricultura del gobierno uruguayo, José "Pepe" Mujica, afirmó que si las industrias "embroman" el ambiente "tenemos el compromiso público de poner marcha atrás", y agregó: "Quisiera trabajar en un país que concilie el árbol, la vaca y la oveja".

En una carta al Banco Mundial, el presidente uruguayo Tabaré Vázquez destacó la importancia de las plantas de celulosa desde el punto de vista de inversiones, desarrollo económico y creación de empleo, ! y ! también de las garantías que, a su entender, están dadas ! en el cu idado del impacto ambiental. Más aún, el propio gobierno uruguayo comunicó que se vio obligado a suspender un sondeo de opinión que estaba realizando por medio de su página web oficial sobre la instalación de las plantas de celulosa sobre el río Uruguay porque verificó una interferencia provocada por votos provenientes de computadoras ubicadas en la Argentina que "distorsionó el sentido y la esencia" de la consulta.

Lejos está la discusión de aclarar el tema principal: ¿cuál es el verdadero impacto ambiental que generaría la actividad?; ¿cuáles son las posibles consecuencias de la utilización de dióxido de cloro en el procedimiento mediante el cual la celulosa es blanqueada?, y ¿cuál es la dirección hacia un verdadero desarrollo sustentable?

No es posible soslayar que el dióxido de cloro -elemento central en la producción de dioxinas- es una de las sustancias venenosas más tóxicas, capaz de originar graves trastornos de salud y de reproducción, tanto en las p! er! sonas como en las especies acuáticas. Tampoco es ya fácil disimular que el actual sistema para evaluar los impactos ambientales de proyectos que pueden afectar el ambiente de modo irreversible es insuficiente y permite, sin duda, un elevado margen de discrecionalidad de quienes pueden autorizarlos, lo cual favorece la posibilidad de decisiones de precaria razonabilidad.

De nada ayuda que el gobierno argentino pueda rechazar o avalar sin mayor fundamento la propuesta. Se trata de la suma de dos discrecionalidades que carecen de sustento.

No se trata de promover un cacerolazo ni un diálogo de índices levantados, sino de alcanzar una discusión -aún no se ha realizado- que esté a la altura de la preocupación pública, donde los ciudadanos reciban una información oportuna, adecuada y suficiente para conocer las características ambientales y sociales del proyecto, y puedan ser consultados civilizadamente sobre sus inquietudes respecto de la propuesta.

Se req! ui! ere, entonces, un debate en el que se promueva la consult! a de exp ertos independientes en la materia, donde luego de un análisis razonado y razonable de todos los aspectos mencionados, la autoridad pueda tomar una decisión fundada que básicamente implique la aprobación, el rechazo o la corrección del proyecto propuesto.

Claro que una participación efectiva demanda un compromiso de comunicación de dos vías que incluya un proceso de información, de consulta y de participación activa del público, en lugar del sistema actual, de una vía.

Evidentemente, la aspiración de lograr el desarrollo sustentable implica un compromiso de largo plazo, que sólo se puede alcanzar fortaleciendo la participación activa de todos los ciudadanos. En el contexto actual, el público afectado parece ser el espectador de la lucha entre dos titanes que renunciaron a poner en vigencia ese concepto que apunta a conservar y mejorar el ambiente a través de un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente, sin comprometer a las futuras generaciones d! e ! satisfacer las propias. Y en esa lucha de titanes no hay perspectivas de que ganen ni la razonabilidad ni el público ni el ambiente.

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