Papeleras: el diálogo, única solución

SABADO 04 de Marzo de 2006

Publicado en Diario La Nación
http://www.lanacion.com.ar/opinion/nota.asp?nota_id=785723

La instalación de dos plantas de pasta celulosa en Uruguay ha creado una situación sin precedente entre dos naciones hermanas. Corresponde que uruguayos y argentinos despleguemos todos los esfuerzos posibles para evitar que lleguemos a una situación de ruptura que -sin lugar a duda- nos afectaría a los dos pueblos en lo más profundo de nuestra identidad espiritual e histórica.

No parece razonable simplificar la causa del conflicto tratando de encerrarlo en un categórico interrogante acerca de si las plantas contaminarán o no la región. Estamos, en realidad, ante un escenario mucho más vasto y complejo, que incluye componentes sociales y económicos y, por qué negarlo, algunos ingredientes o atisbos de nacionalismo.

Como lo han señalado algunos medios de prensa en ambos países, la resistencia que ha generado la propuesta de las papeleras no es nueva: está planteada desde hace casi dos años. Mal podría afirmarse, entonces, que se trata de un conflicto sorpresivo para alguna de las partes. En el anexo de la propia Memoria Anual del Estado de la Nación Argentina consta que en marzo de 2004 "ambos países firmaron un acuerdo bilateral, poniendo fin a la controversia por la instalación de una planta de celulosa en Fray Bentos".

Quizá sea ésta una prueba más de la falta de rigor y profundidad con que son analizados en la región los problemas ambientales y de la ausencia de un procedimiento integral para abordarlos. Como ya lo hemos mencionado varias veces en esta columna, el actual sistema con que se evalúan los impactos ambientales en ambos países no permite valorar adecuadamente los desafíos que plantea la realidad, pues no se brinda una información adecuada y el régimen no es suficientemente participativo; además, no se contemplan las diferentes alternativas de desarrollo que pueden verse! afectad as cada vez que se aprueba un proyecto.

Más allá del acuerdo marco sobre medio ambiente del Mercosur, donde las partes reafirmaron su compromiso tendiente a instrumentar los principios de protección ambiental, resulta indispensable trabajar sobre un convenio que permita analizar la incidencia de los proyectos en un contexto transfronterizo y en relación con el ambiente, la salud y la seguridad humana de los restantes países. Todo indica que cada vez serán más frecuentes estos conflictos, razón por la cual resulta indispensable contar con un sistema de evaluación del impacto ambiental que tome en cuenta las consecuencias que el proyecto impulsado por un determinado país puede tener más allá de sus fronteras. Un sistema de esa naturaleza debería integrar al proceso participativo a todos los países vecinos y a sus diferentes comunidades, lo cual permitiría enriquecer la decisión y prevenir futuros conflictos sociales.

El gobierno argentino ha anunciado su decisión de presentar una demanda ante a Corte Internacional de Justicia de La Haya, pues se interpreta que Uruguay estaría violando principios básicos del derecho ambiental internacional. En realidad, los argentinos deberíamos ser rigurosamente honestos con nosotros mismos y tener en cuenta la posibilidad de que, llevada la cuestión ante el tribunal de la Haya, en algún momento se nos pregunte si es cierto que en nuestro país existen muchas empresas y aun ciudades -algunas situadas, incluso, en la propia provincia de Entre Ríos- que vierten efluentes y residuos cloacales más contaminantes aún que los que generarían las proyectadas plantas de Fray Bentos. Están en juego, como se advierte, elementos que exigen un análisis y una reflexión rigurosos y severos. Y eso sólo puede lograrse fortaleciendo la capacidad de diálogo entre uruguayos y argentinos, ya que el problema técnico nos involucra, de un modo u otro, a todos por igual.

Resulta inaceptable que el propio gobierno argentino reciba a los piqueteros de Gualeguaychú y que, por esa vía, respalde o continúe apoyando la ejecución de medidas de fuerza ilegales que importan un completo desprecio por el derecho de los ciudadanos de ambos países de transitar libremente por sus territorios y que intentan llevar a las dos naciones a una situación de aislamiento. Tampoco es razonable que por simple ofuscación se pretenda elevar una demanda a la Corte Internacional de Justicia de La Haya o simplemente no se responda a los mensajes del presidente de Uruguay.

El llamado formulado ayer por el gobernador entrerriano, Jorge Busti, a quienes desde hace semanas vienen cortando las rutas que unen Uruguay y la Argentina para que depongan su actitud, aunque tardío, debe ser bienvenido. Demuestra que cuestiones que deben manejarse con racionalidad no pueden quedar circunscriptas al terreno de las emociones colectivas, del mismo modo que la política exterior de un país no puede estar condicionada a la acción de un grupo de piqueteros.

Es necesario entender que la presión de ambos lados ha llegad a un punto insostenible. Las máximas autoridades de los dos países deben dejar de lado sus estrategias y sus compromisos políticos e iniciar un diálogo profundo y comprensivo, que sirva para alcanzar una solución adecuada al conflicto.

Cabe preguntarse qué mensaje se dará desde el Mercosur al resto del mundo si argentinos y uruguayos no somos capaces de resolver nuestros diferendos o al menos acordar márgenes de disenso. Del mismo modo, podemos plantearnos como interrogante de qué forma promoveremos la radicación de inversiones en una región donde las convulsiones fronterizas, lejos de mitigarse, se exacerban.

Las futuras generaciones de argentinos y uruguayos merecen el máximo esfuerzo para superar el desacuerdo que nos está trabando y que amenaza con inmovilizarnos. Urge iniciar un diálogo en el que prevalezcan la razonabilidad, el espíritu de hermandad que siempre nos ha unido y la seguridad de que en un litigio que involucra a países tan entrañablemente unidos no puede ni debería haber, en ningún caso, vencedores o derrotados.

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Viernes 23 de julio de 2010