Después de dos años de desarrollo se está interrumpiendo el proyecto Cero Residuos en Península Valdés, que solucionaría el acuciante problema de los desechos -generados principalmente por el turismo- en el área natural de la provincia del Chubut, albergue de una de las colecciones zoológicas más extraordinarias del planeta. Se trata de un emprendimiento realizado con fondos privados, donados por la Fundación Avina y el Compromiso Empresario para la Recuperación y el Reciclaje (Cempre) -dos organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro-, sobre la base de una norma de Puerto Madryn de 2001, que reglamenta la recepción y disposición de los residuos del área protegida. Sin causa alguna, las autoridades de Puerto Madryn demoran su efectiva puesta en marcha, pese a la vigencia de una ordenanza que justificó las inversiones y las numerosas actividades realizadas hasta la actualidad. Así, se perjudica la conservación del área y se aleja a quienes contribuyen de modo genuino y desinteresado a preservar un sitio que pertenece al Patrimonio Natural de la Humanidad. Para la ejecución de este proyecto se realizaron estudios de investigación y se analizaron las ventajas de poner en su máximo valor los frágiles recursos naturales y paisajísticos mediante la erradicación de los basurales, en especial en Puerto Pirámides. Con ese fin, se hicieron trabajos de limpieza de playas. Los resultados de toda esa labor, las contundentes conclusiones que se alcanzaron y las recomendaciones formuladas fueron puestos a disposición de las autoridades provinciales y de los municipios de Puerto Madryn y Puerto Pirámides para su revisión y acompañamiento. A través de un sistema participativo en el que se involucraron activamente las autoridades y los representantes de los distintos sectores de la sociedad -y que mereció en su oportunidad el elogio de esta columna editorial- se llegó por consenso a una decisión: transportar fuera del área protegida los desechos generados. Este consenso se alcanzó sobre la base de una ordenanza, a través de la cual Puerto Madryn había asumido el compromiso de recibir los residuos y disponerlos en forma conjunta con los generados en la propia ciudad.

La decisión -apoyada por autoridades, docentes, propietarios de campos, empresarios, comerciantes, asociaciones comprometidas con el cuidado del ambiente y vecinos- constituyó un estimulante ejemplo cívico y se basó sobre la inteligencia de comprender que el 70% de los turistas que arriban a la bellísima provincia del Chubut visitan Valdés, y que casi el 90% de ellos se aloja en Puerto Madryn.

Las cifras demuestran la relevancia de la actividad para la ciudad -y evidentemente para la provincia- y la necesidad de trabajar de manera proactiva para alcanzar una alta calidad del sitio: la península Valdés recibe ciento ochenta mil turistas cada año. En los últimos tres años, los extranjeros aumentaron del 20 al 35%, lo cual implica mayores ingresos en Puerto Madryn, donde uno de cada cinco habitantes obtiene recursos directa o indirectamente de la actividad turística. Desde el punto de vista ambiental, el volumen de residuos que se enviaría resulta irrelevante. Basta mencionar que la suma de los residuos de la península Valdés no excede lo que genera una sola manzana de Puerto Madryn. Este impacto imperceptible, junto a la generosa proyección del crecimiento turístico, prevista para los próximos años, revela la importancia de poner toda la atención en una minuciosa protección del área. En particular si se conoce que de la totalidad de visitantes que se alojan en Puerto Madryn, el 95% lo hace para visitar la península Valdés, y que el turismo es responsable de la generación del 80% de residuos en el área protegida. Pese a que se había logrado eliminar el basural a cielo abierto en Puerto Pirámides, la demora que lamentablemente se produjo ha generado ya un nuevo basural. Además de la pérdida de confianza de quienes participaron activamente en el proceso de toma de decisión que tanto costó impulsar, se podría interrumpir un programa de educación ambiental para visitantes y residentes -ya iniciado con los niños de la escuela local- aportado por las mencionadas organizaciones sin fines de lucro. Las tendencias universales demuestran que la falta de continuidad de las políticas de Estado y de las decisiones concretas plasmadas en legislaciones como la ordenanza aludida no sólo terminan desincentivando las inversiones sociales y ambientales, sino también las económicas. Para generar un ambiente de confianza, es imperioso respetar el Estado de Derecho más allá de los cambios de autoridades. Más aún cuando las inversiones están destinadas a agregar valor social, ambiental y económico.

Tratándose de un área de indudable fragilidad, que insumió tanto esfuerzo a quienes, con inteligencia, vislumbraron para Chubut las ventajas de alcanzar la categoría de Patrimonio de la Humanidad, es necesario brindar un ejemplo de compromiso actual hacia su conservación. No es lógico ni aceptable mantener una actitud indiferente ante este problema. Mucho menos si se consideran los beneficios económicos que reporta el turismo a la ciudad de Puerto Madryn y a la provincia en general.