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La flamante constitución de Corrientes, consagrada ayer por los convencionales provinciales, introdujo un capítulo sobre recursos naturales y medio ambiente e incorporó una serie de derechos, obligaciones e instrumentos que ubican a ese distrito en sintonía con la Nación en materia ambiental. Sin embargo, dispuso una controvertida cláusula que impide que los extranjeros puedan comprar inmuebles en áreas protegidas o en zonas consideradas recursos estratégicos.

Esa disposición, contraria al régimen jurídico establecido por la Constitución nacional, fue avalada por la mayoría de los convencionales, quienes parecen haberse inspirado en el tristemente y recordado episodio del ingreso de quien fue subsecretario de Tierras para el Hábitat Social, Luis D Elia, a la propiedad de un ciudadano norteamericano en el área de los esteros del Iberá, cortando alambres y tranqueras. También se determinó que el Poder Ejecutivo provincial "propenderá a establecer incentivos con el fin de mantener la propiedad de los bienes inmuebles ubicados en zonas de seguridad o en áreas protegidas, o que constituyan recursos estratégicos, en manos de habitantes argentinos, argentinos nativos, del Estado provincial o de los municipios".

El gobierno provincial se opuso a esa cláusula restrictiva por considerar que afecta a la propiedad privada, pero sus advertencias no fueron escuchadas. En efecto, esa disposición es violatoria del régimen jurídico vigente, motivo por el cual resultará de muy difícil y costosa aplicación para el Estado correntino: no sólo implica una restricción para los extranjeros, sino también para los argentinos, quienes se verán imposibilitados de ejercer libremente el derecho de vender sus propiedades a cualquier persona que les realice una oferta de compra, lo cual afecta directamente el valor actual de sus bienes.

Sin duda, la prohibición ocasionará importantes consecuencias de carácter patrimonial para Corrientes, que deberá hacerse cargo de indemnizar a los damnificados que reclamen un resarcimiento al verse afectados por la nueva cláusula constitucional.

El texto incurre en otros errores jurídicos sustanciales, al ignorar principios establecidos en el Código Civil, pues parece interpretarse que persiste el temor de que manos extranjeras se apropien del monumental Acuífero Guaraní, olvidando que las aguas subterráneas, independientemente de la nacionalidad del propietario del suelo, ya constituyen bienes públicos del Estado nacional o provincial, según el caso, y su uso se encuentra sujeto a los permisos que éste otorgue.

Curiosamente, la flamante Constitución correntina establece que "la Nación no puede disponer de los recursos naturales de la provincia sin acuerdo previo instrumentado mediante leyes", lo cual pareciera expresar el infundado recelo de que se cree en Corrientes un área protegida de carácter nacional contra la voluntad provincia; las leyes actuales de creación de áreas naturales protegidas también lo previenen adecuadamente.

Sin considerar las oportunidades y la potencialidad económica, social y ambiental de la conservación de un humedal como los esteros del Iberá, en relación con el cambio climático, los convencionales expresan una preferencia por el uso de suelo "productivista" en todo su territorio, ignorando la contribución del intenso pastoreo al cambio climático y la capacidad de las áreas protegidas para contrarrestarlo.

Como se ha expresado en reiteradas oportunidades en esta columna editorial, nos encontramos frente a un falso nacionalismo y una xenofobia encubierta, que no sólo violan el principio constitucional de propiedad e igualdad de derecho y tratamiento entre argentinos y extranjeros, sino que impone la premisa, éticamente inaceptable, de que los extranjeros son peores que los argentinos.

Estas posiciones, lejos de preservar nuestras riquezas naturales y de suscitar comportamientos tendientes al bien común, no crean sino dudas en quienes quieren invertir genuinamente en nuestro país, sean nacionales o extranjeros, con la consiguiente pérdida de la oportunidad de instrumentar mecanismos adecuados para promover un desarrollo sustentable y conservar verdaderamente los valiosos recursos argentinos.